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La corrupción ligada a la actuación contractual de los poderes públicos constituye una preocupación compartida en Brasil y en España, tanto por su dimensión cuantitativa como por su impacto social y político, en forma de desconfianza en el sistema democrático y descrédito de las instituciones. Los riesgos de corrupción surgen en todas las fases de la relación contractual y se presentan bajo formas diversas. Las frecuencia y la gravedad de la corrupción vinculada a los contratos públicos ha provocado, tanto en España (y en el conjunto de la UE) como en Brasil, la adopción de políticas públicas de combate y prevención de este fenómeno, aunque los resultados obtenidos no hayan sido siempre los pretendidos